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Cuando Hugo Alberto Wallace Miranda fue secuestrado y asesinado en 2005 su única hija, de tan sólo 10 años de edad, quedó huérfana, hasta el día de hoy el Estado no se ha preocupado por ella, en cambio ponen a disposición de Brenda Quevedo, una de las procesadas por este crimen, a las instituciones que deberían proteger a las víctimas. 

Se debe aclarar que lo que erróneamente llaman "recomendación" es en realidad una opinión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, la cual fue obtenida de manera dolosa y con mentiras, la falta de respuesta del Estado mexicano ante esta es una negligencia o un acto deliberado.

Opinión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria no determinó tortura, ya que no es competente en dicho tema y por ello dio vista al Grupo especializado en tortura. Es decir, pretenden hacer valer un documento no vinculante basado en información falsa.  La tortura ya fue investigada y se determinó el no ejercicio de la acción penal.

Es lamentable que las autoridades no tengan la información fidedigna y se mal informe al presidente, la titular de la SEGOB aseguró que Brenda Quevedo fue torturada para autoinculparse en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. Hay que aclarar que la procesada nunca fue torturada y que tampoco ha confesado.

Respecto a la supuesta recomendación, que en realidad es una opinión, del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria hay que señalar que el Poder Judicial de la Federación ya refirió que dicho Grupo carece de competencia y que las opiniones de este no son vinculantes.

Tristemente el Subsecretario Alejandro Encinas le exigió al Poder Judicial que de cumplimiento a una opinión emitida por el Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitra que no es vinculante para el Estado mexicano.

Se debe respetar la división de poderes, jueces deben actuar de acuerdo a su normatividad y a su libertad de jurisdicción, de no hacerlo se fomenta la falta de acceso a la justicia. 

La Secretaria de Gobernación afirmó se confirmaba plenamente la tortura a Brenda Quevedo por el tiempo que ha permanecido en prisión sin sentencia, hay que aclarar que fue Quevedo Cruz quien renunció a ser sentenciada en menos de un año para ejercer su adecuada defensa.

¿Dónde quedan las víctimas del delito? ¿Dónde quedan las madres a las que les arrebataron a un hijo? Se debe replantear una política pública y también deben abrirse los espacios donde únicamente se habla de los criminales para que se hable de las víctimas. 

La institución que defiende a Brenda Quevedo quiere ser la misma que le practique un tercer Protocolo de Estambul, evidentemente el resultado sería positivo aún cuando existen dos protocolos de dos instituciones diferentes, la CNDH y la ahora FGR con resultado negativo, la defensoría quiere hacerle un protocolo a modo.